Aakash Singh, subfiscal general adjunto de Estados Unidos, dijo «no puedo pensar en algo que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entones es la guinda (cereza) del pastel para nosotros», respecto la molestia que pueda causar al Gobierno de Claudia Sheinbaum al triplicar el número de acusaciones en contra de políticos mexicanos por nexos con el narcotrafico.

Esta declaración tajante de Singh se dio una vez que instruyó a los fiscales federales a perseguir a los funcionarios mexicanos ligados al tráfico de drogas para acusarlos bajo las leyes antiterroristas, según el diario New York Times. 

De acuerdo con el artículo publicado este viernes, Singh dijo esta semana en una teleconferencia con los fiscales de distrito que se «deben triplicar las acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, habría dicho el subprocurador.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, comentó, según el medio estadounidense. 

NYT solicitó comentarios al Departamento de Justicia, pero no respondió de inmediato. 

Asimismo, el artículo apunta que las investigaciones estadounidenses contra políticos mexicanos colocan a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición complicada ante su partido, donde desconfían de Washington. 

Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México durante la administración de Barack Obama, dijo al diario que muchos de los funcionarios que el gobierno de Trump podría acusar pertenecen a Morena, lo que «podría colocarla (a Sheinbaum) en la peor situación posible».

«Debemos tratar a estas personas como los terroristas que son», dijo Singh al insistir en que debían investigar más casos de ese tipo.

Las declaraciones del subfiscal general adjunto de Estados Unidos se dan dos semanas después de que el Departamento de Justicia anunciara que abrió una investigación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios. 

A más de 15 días, Rocha Moya solicitó licencia y su ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Arizona