Basado en reportes de abril y mayo de 2026, la administración del presidente  de EE.UU., Donald Trump, intensificó una ofensiva legal y política contra 50 funcionarios mexicanos, enfocándose principalmente en presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción.

Si bien es cierto que las investigaciones estadounidenses, por este tema, no son nuevas en nuestro país, lo que sí es relevante en esta ocasión, es la cantidad de políticos señalados, de un momento a otro, por presuntos vínculos con el narcotráfico, a través de una ardua ofensiva legal y política, nunca antes vista.

La acusación más reciente 

La acusación formal destacada de abril 2026 fue la que emitió la fiscalía federal de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

En total, los funcionarios en la mira, además de la acusación de 10 personas en Nueva York, se reportó que la ofensiva anticorrupción del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado a alrededor de 50 políticos mexicanos, incluyendo miembros del gabinete presidencial, senadores, diputados y al menos cinco o seis gobernadores, principalmente de Morena, según reportes de Los Angeles Times.

Acciones específicas

En el transcurso de estas semanas se informó sobre la revocación de visas a varios funcionarios, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Este caso se suma a los que ya desde 2025, la administración Trump ha retirado al menos 50 visas a figuras políticas de diversos niveles, utilizándolo como una medida de presión inicial antes de posibles acusaciones penales.

Contexto de la ofensiva

Estas acciones forman parte de la estrategia 2026 de Estados Unidos que busca presionar a México para combatir a los cárteles, amenazando con sanciones y solicitando extradiciones.

  • El gobierno estadounidense, a través de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, ha solicitado formalmente a México investigar, procesar o extraditar a legisladores y funcionarios sospechosos de colaborar con cárteles de la droga.
  • Trump, en actos públicos, ha llegado a afirmar que México está «perdido» y sugiriendo que la corrupción alcanza niveles altos dentro del gabinete presidencial y el partido en el poder. 
Esta estrategia forma parte de una «campaña anticorrupción» que coincide con la revisión del T-MEC y la nueva Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de la Casa Blanca

En resumen, al ser más de 10 los funcionarios de alto perfil acusados formalmente en tribunales federales a finales de abril de 2026, con una lista más amplia de hasta 50 políticos bajo investigación y presión por parte del gobierno estadounidense,  presenta una intensidad y volumen de señalamientos que, según expertos y el contexto político, se considera inusual y muy agresiva, marcando un punto de tensión inédito, en años recientes.

Y si bien ha habido detenciones de alto perfil en el pasado, la cantidad de funcionarios señalados simultáneamente y la intensidad de la retórica de Trump (calificando a México de «gobernado por cárteles») marcan una diferencia que no había sucedido antes.
 
Ya que la narcopolítica y las investigaciones estadounidenses en México no son nuevas, pero la ofensiva legal y política coordinada por el gobierno de Trump en 2026 contra miembros activos del gabinete y gobierno local mexicano es considerada inaudita en la relación contemporánea.