A pesar de que la industria de la seguridad privada representa ya entre el 1.8 y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y mantiene un crecimiento anual cercano al 4.6%, México continúa sin una Ley General de Seguridad Privada, un vacío regulatorio que, además de propiciar la proliferación de empresas irregulares, afecta la recaudación fiscal, vulnera los derechos laborales y pone en riesgo a usuarios de estos servicios.

Así lo advirtió Raúl Sapién Santos, presidente jurídico y de Relaciones Políticas del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), quien señaló que, aunque la reforma constitucional que ordenó expedir esta legislación fue aprobada hace más de cuatro años, el Congreso aún tiene pendiente armonizar el marco jurídico nacional.

«El principal rezago que tenemos es precisamente el regulatorio. Existe un mandato constitucional para expedir una Ley General de Seguridad PrivadaLey General de Seguridad Privada, y seguimos trabajando con las autoridades para que finalmente se concrete», afirmó.

El especialista explicó que la ausencia de una legislación nacional impide homologar criterios de operación entre las entidades federativas y dificulta la supervisión de un sector que hoy forma parte de la infraestructura crítica del país.

«La seguridad privada está presente prácticamente en toda la vida cotidiana: aeropuertos, terminales de autobuses, parques industriales, hospitales, plazas comerciales y unidades habitacionales. Por eso es indispensable contar con un marco jurídico uniforme para todo el país», sostuvo.

Empresas «patito», uno de los principales riesgos

Sapién Santos asueguró que uno de los principales problemas derivados del vacío legal es la operación de empresas que ofrecen servicios sin autorización, personal certificado o protocolos de actuación.

«No podemos permitir empresas de ‘todología’ que ofrecen cualquier modalidad de seguridad sin contar con capacitación especializada ni programas de adiestramiento. Ese es precisamente uno de los fenómenos que buscamos erradicar», indicó.

Explicó que las empresas formalmente establecidas cumplen con requisitos específicos dependiendo del servicio que ofrecen, ya sea vigilancia física, monitoreo electrónico, custodia de bienes o protección ejecutiva, mientras que las compañías irregulares operan sin controles mínimos de calidad.

El costo también lo asumen el Estado y los ciudadanos

Para el representante del Consejo Nacional de Seguridad Privada, las consecuencias trascienden al propio sector.

«No solamente pierde la industria. También pierde el gobierno porque deja de recaudar impuestos y contribuciones de seguridad social; pierden los trabajadores porque se vulneran sus derechos laborales y pierde quien contrata estos servicios», subrayó.

Añadió que, en muchos casos, el supuesto ahorro de contratar servicios informales termina convirtiéndose en pérdidas económicas mucho mayores.

«Muchas veces resulta más caro lo que una persona creyó ahorrarse al contratar una empresa irregular que haber contratado desde el principio una empresa debidamente autorizada y supervisada», dijo.

El especialista advirtió que los riesgos son aún mayores cuando este tipo de compañías ofrecen servicios de protección ejecutiva.

«Si una empresa presta servicios de escoltas sin contar con protocolos de actuación ni capacitación especializada, ya no sólo está en riesgo el patrimonio del cliente; está en riesgo su propia vida», enfatizó.

Industria estratégica para la seguridad nacional

Sapién Santos destacó que la industria de la seguridad privada ha mantenido un crecimiento constante impulsado por la demanda de empresas, industrias y ciudadanos que requieren mecanismos adicionales de protección.

«Hoy este sector representa entre el 1.8 y el 2 por ciento del PIB y mantiene una tasa de crecimiento cercana al 4.6 por ciento, lo que demuestra su relevancia dentro de la economía nacional», explicó.

En este contexto, consideró indispensable que la regulación avance al mismo ritmo que el crecimiento del sector para garantizar mayor certeza jurídica tanto a inversionistas como a usuarios.

Ven condiciones para aprobar la legislación

El presidente jurídico del CNSP afirmó que existe apertura tanto del Gobierno federal como del Congreso para avanzar en la expedición de la Ley General de Seguridad Privada.

«Estamos convencidos de que existe voluntad política por parte del Gobierno federal y del Poder Legislativo para dotar finalmente al país de una nueva Ley General de Seguridad Privada», aseguró.

Añadió que el Consejo mantiene un diálogo permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer la agenda regulatoria y construir un marco legal que permita profesionalizar al sector, combatir la informalidad y brindar mayor certidumbre a millones de usuarios que diariamente dependen, de manera directa o indirecta, de los servicios de seguridad privada.