Durante la década de 2016 a 2025, casi 800 niñas y adolescentes que sufrieron violencia sexual ejercieron su derecho a practicar una Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) con base en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, conocida como NOM-046, ayer se sumó a esta estadística la niña que presuntamente fue abusada por su padrastro en Tamaulipas, una vez que el IMSS frenó el embarazo.

Personal del IMSS realizó la interrupción del embarazo de aproximadamente cinco meses de gestación de una niña de 11 años, quien permanece bajo atención médica en Matamoros, luego de que se denunciara que fue víctima de violencia sexual.

La hospitalaria, indicó, continuará el acompañamiento integral.

“Está estable, está perfectamente bien y bueno, esperemos que todo salga bien y continuar con el proceso de ayuda, de psicología, de medicina, de todo lo que requiere”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGE) de Tamaulipas informó que continúa con las investigaciones para determinar quién o quiénes son los responsables de haber violentado a la menor, lo que derivó en el embarazo.

Madre de la menor avaló la interrupción del embarazo  desde que acudieron por primera vez al IMSS.

SIPINNA, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la información difundida sobre el embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, SIPINNA expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Es necesario señalarlo con absoluta claridad:

Es un delito. No estamos frente a una “relación de pareja” ni ante un embarazo que pueda ser normalizado. Estamos frente a una niña víctima de violencia sexual.

El artículo 275 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece que se equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso cuando no haya mediado violencia. Por tanto, en el caso de una niña de 11 años, no puede atribuirse validez a un supuesto consentimiento ni utilizarse la existencia de un presunto vínculo de pareja para minimizar, justificar o excluir el carácter delictivo de los hechos.

El delito existe. Lo que corresponde a las autoridades es esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables.

Presentar a una niña de 11 años como “pareja” de una persona adulta invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y constituye una forma de revictimización. Una niña nunca es responsable de la violencia ejercida en su contra.

Se solicita a plataformas digitales y usuarios de redes sociales  no difundir imágenes, datos médicos, información sobre su entorno o cualquier elemento que permita identificar directa o indirectamente a la niña.

“El interés periodístico no justifica exponer su historia clínica, su entorno familiar ni los detalles de la violencia. Informar con perspectiva de derechos significa colocar en el centro su dignidad y protección, no convertir su dolor en contenido”, subrayó.