Naciones Unidas afirmó en 2017 que los Estados del mundo debían actuar para convertir el aborto en un acto legal. En su comunicado para conmemorar el 28 de septiembre del 2018, estimaba que alrededor del mundo 225 millones de mujeres carecían de acceso a anticonceptivos.

Además, los abortos no seguros causaban la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres al año en Latinoamérica, mientras que cinco millones padecían de una discapacidad temporal o permanente a raíz de abortos mal aplicados.

Entre 2015 y 2019 mundialmente se llevaron a cabo 73.3 millones de abortos, en condiciones de seguridad o sin ellas. Por lo que respecta a África y América Latina, tres de cada cuatro abortos fueron practicados sin condiciones de seguridad.

De acuerdo con Ipas México, en nuestro país “la razón de mortalidad materna ha disminuido de 2010 a 2019, pasando del 56.2% a 31.2% por cada 100 mil nacimientos estimados, sin embargo, el 5% de estas muertes fueron por abortos no seguros”.

Legal, seguro y gratuito 

La consigna es clara, el aborto debe ser legal. El Estado debe reconocer que las personas tienen la capacidad y el derecho de decidir sobre sus cuerpos y se debe impedir que se sea criminalizada por ello.

Y asegurar que nadie tenga que arriesgar su vida y salud. Que haya acceso a medicamentos, procedimientos, personal capacitado; y así evitar lesiones, hospitalizaciones y muertes. 

Gratuito, para acceder a estos procedimientos es parte del derecho a la salud, y no deberían importar los recursos económicos con los que se cuente. 

Está claro que las mujeres y personas gestantes deben tener libertad de decisión sobre su cuerpo.